Pese a la acordada de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) que declaró inaplicable la ley de separación del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, el jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez, se mostró confiado en que pronto podrá ejercer la autonomía prevista en la norma, sancionada en febrero pasado por la Legislatura.
En paralelo, el funcionario judicial expresó su discrepancia con respecto al instrumento escogido por el alto tribunal para “frenar” la implementación del nuevo sistema. “Pienso que la acordada no es la forma en que se debe resolver este tema. No es la vía formal para que se declare que una ley es inaplicable. Las leyes se aplican hasta que otras leyes las reemplacen o hasta que sean derogadas; mientras tanto se las tiene que aplicar”, aseveró el jefe de los fiscales.
La norma aprobada en febrero escindió el Ministerio Público, que pasó a tener un magistrado a cargo de los fiscales (Jiménez) y otro a cargo de los defensores oficiales (el despacho aún permanece acéfalo).
Además de esta división, se le otorgó el manejo administrativo de los recursos a cada una de las “cabezas” de ese órgano.
La ley fue criticada por distintos dirigentes de la oposición. Incluso, hubo quienes concurrieron a los tribunales para plantear la inconstitucionalidad de este régimen.
El oficialismo sostiene que la medida está enmarcada en la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal de Tucumán.
Ayer, LA GACETA le consultó a Jiménez sobre la decisión del máximo tribunal provincial de declarar inaplicable la ley que dividió el Ministerio Público. “Nosotros habíamos enviado una nota a la Corte porque, lógicamente, hay un período de transición y una realidad que no pueden ser resueltos de inmediato, puesto que lo que estaba administrando la Corte ahora pasará al Ministerio Público Fiscal. Por eso, en esa nota pedíamos la colaboración a la Secretaría Administrativa (de la CSJT) para ir avanzando progresivamente”, señaló Jiménez.
Agregó que, a su criterio, ese cambio paulatino es “el camino” que debe seguir la implementación de la autarquía funcional del órgano que conduce. Y mostró optimismo al señalar que, según prevé, esa transición se dará “en tiempo breve”. Incluso, le anticipó a este diario que ya está alistando la creación de las oficinas internas destinadas a las funciones administrativas del Ministerio Fiscal.
¿Bandera blanca?.- La acordada que difundió ayer la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), mediante la cual declaró inaplicable la ley que dividió el Ministerio Público, tuvo diversas interpretaciones en los pasillos de la Legislatura. Pero la lectura más recurrente refiere a una supuesta “bandera blanca” entre el poder político y los tribunales con respecto a la norma que cuestiona la oposición. “Esto da tiempo para que se pueda seguir conversando”, deslizó un operador del oficialismo. Incluso, no se descarta que, de surgir observaciones formales desde el alto tribunal sobre la ley del Ministerio Público, el bloque oficialista Tucumán Crece impulse correcciones normativas para avanzar con el nuevo sistema.
Balance y apoyo.- Ayer hubo una reunión entre las autoridades de la Legislatura, los jefes de las bancadas políticas y los presidentes de las comisiones internas. Mientras repasaban la labor parlamentaria de 2016, hubo legisladores que salieron a respaldar al vicepresidente 2° de la Cámara, el radical Ariel García, por el cruce que mantuvo vía Twitter con el secretario de Seguridad, Paul Hofer. Según testigos, los oficialistas Guillermo Gassenbauer (“vice” 1° de la Cámara), Stella Maris Córdoba (presidenta del bloque Peronismo del Bicentenario) y Raúl Albarracín, de la UCR, expresaron su solidaridad a García, ya que Hofer había aludido en un tuit a un familiar del dirigente radical que se había visto involucrado en un hecho trágico.
Avanzada
“División de poderes”
“La demora para resolver el pedido de la cautelar presentada hace casi 20 días pone en riesgo la división de poderes. La independencia del Poder Judicial está en juego y el servicio de justicia no se va a poder garantizar”, advirtió el legislador José María Canelada (bloque UCR). Consideró que la Corte debería estar a la altura de la gravedad del conflicto. “La contundencia de la avanzada de ‘Pirincho’ Jiménez, respaldada por el espacio conducido por Alperovich y Manzur, requiere una sentencia urgente”, instó.
Días negros
“Aniquilar la independencia”
La senadora Silvia Elías de Pérez (UCR) lamentó que la Justicia penal “viva sus días más negros”. “La mayoría automática de la Corte alperovichista anticipó su posición. Resolvió a favor de la impunidad. Es increíble que se haya tomado dos semanas y definido sólo la competencia. Podrían haber resuelto la cautelar utilizando los mismos argumentos. Le hicieron el juego al Gobierno. Le dan tiempo a Jiménez para que avance sin problemas con la aniquilación de la independencia judicial”, expresó.
Avasallar
“Paralización de la Justicia”
“Se sancionaron leyes inconstitucionales, inaplicables y cuyo único fin es avasallar la independencia judicial”, sentenció el legislador Luis Brodersen (bloque PRO-A). Consideró que la decisión de la Corte fue sensata. “La sensatez del Poder Judicial, el control externo de la Legislatura y la perseverancia de quienes seguimos apostando al control de constitucionalidad por parte de los jueces se complementaron para impedir la paralización del servicio de justicia”, concluyó.
Objeciones
Caponio cuestionó a la Corte Suprema
“No se puede frenar la aplicación de una ley a través de una acordada”, afirmó el legislador oficialista Marcelo Caponio, autor del proyecto para la división y la autarquía del Ministerio Público Fiscal y Pupilar. “No hay dudas -agregó Caponio- de que, desde lo jurídico, esto merece muchas objeciones. Acá se debe privilegiar la implementación del Código Procesal Penal de Tucumán. La ciudadanía exige la lucha contra la impunidad y la inseguridad. La Corte no puede tomar una decisión política en contra del nuevo Código Procesal”.
En Agenda
Hoy definirían la próxima sesión
Los jefes de las bancadas políticas y las autoridades de la Legislatura se reunirán hoy a partir de las 11 en la comisión de Labor Parlamentaria para definir los temas de la próxima sesión. El debate podría tener lugar el jueves de la semana que viene. Si bien el orden del día aún está en plena confección, algunos de los proyectos que están bajo análisis de los legisladores apuntan al estatuto del empleado legislativo; a nuevas reformas en la Justicia provincial (sobre todo al régimen de subrogancias); y a fortalecer la seguridad.
Entrevistas
Nueve postulantes a cargos judiciales
La Comisión de Peticiones y Acuerdos entrevistó a nueve postulantes a ocupar cargos en la Justicia, propuestos por el PE. Fueron Guillermo Kutter (juez de la III° Nominación); Juana Hael (fiscal de Cámara en lo Civil, Comercial y Laboral); Eleonora Méndez (defensor Oficial en lo Civil y del Trabajo de Capital con asiento en Banda del Río Salí); Álvaro Zamorano (juez Civil y Comercial de la I° Nominación); y Mariana Rey Galindo (jueza en Familia y Sucesiones de Monteros); entre otros. Los pliegos serán tratados en sesión.